Con estupor hemos sido testigos de las recientes revelaciones que han divulgado los medios de comunicación, referentes al vergonzoso escándalo que se ha producido en el seno del gobierno, por cuenta de las “chuzadas” telefónicas y el consecuente destape del enfrentamiento entre Laura Sarabia y Armando Benedetti.
Al momento de redactar las presentes consideraciones todavía no se ha podido esclarecer de dónde provino la orden de señalar a dos ciudadanas del común como delincuentes para así proceder a intervenir sus teléfonos, con la intención de obtener información que supuestamente habría de proporcionar indicios sobre grupos al margen de la ley, pero que en realidad tenía como propósito esclarecer la presunta comisión de un robo. Por supuesto, lo único que se obtuvo fueron detalles de carácter enteramente personal que en modo alguno daban sustento a que se hubiera montado todo un tinglado narco-terrorista, a todas luces abusivo e ilegal.
Luego del ruido que causara el incidente de Nicolás Petro, lo último que necesitaba este gobierno era volver a “dar papaya” para que sus contradictores tuvieran la oportunidad de levantar dedos acusadores, mientras la extrema derecha, recalcitrante y contumaz, aprovechaba para destilar todo su veneno. Adicionalmente, ha cundido la desconfianza entre los parlamentarios y la discusión de los proyectos de ley ha entrado en moratoria, mientras el Primer Mandatario se lanza a la calle durante una movilización de apoyo, como reacción ante el temporal y en un intento de recuperar cierto grado de gobernabilidad.
No cabe ninguna duda sobre la gravedad del incidente, que viola todos los principios democráticos sobre los que supuestamente descansa la nación. Sin ánimo de que ello constituya una justificación, sin embargo, hemos de decir que procederes antidemocráticos han tenido lugar en muchas otras partes del Mundo Occidental, en países que constantemente predican a los cuatro vientos su inconmovible condición de Estados de Derecho. Bastaría mencionar, a título de ejemplo, las revelaciones de Edward Snowden y los alcances de la Ley Patriota, em Estados Unidos, luego de los atentados del 11 de septiembre. Así mismo, ha de tenerse en cuenta también que no es la primera vez en que un gobierno nuestro ordena intercepciones ilegales; recordamos aquí las “chuzadas” a magistrados, jueces y periodistas, cuando era presidente el señor Álvaro Uribe. Otro ejemplo de intervención abusiva de los agentes del Estado es la forma desproporcionada y barbárica con que la fuerza pública reprimió sin miramientos el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, al abrir fuego de manera indiscriminada contra los manifestantes, durante la caótica presidencia del señor Iván Duque, en criminal emulación de lo acaecido el 8 y 9 de junio de 1954, cuando los uniformados dispararon contra los estudiantes que se manifestaban en contra del presidente Gustavo Rojas Pinilla. Valga decir que ninguno de estos tres sujetos fue o ha sido sindicado de su responsabilidad en tales hechos.
No obstante, lo más preocupante es que la violación de derechos en el caso que nos ocupa no haya tenido lugar por fundados o infundados motivos de la tan cacareada Seguridad Nacional. Aquí lo que vemos es un inusitado abuso de poder, de parte, al parecer, de una funcionaria inexperta, como también una actitud vengativa y desproporcionada de un funcionario diplomático, expuesta en forma indecorosa y desacomedida, sin consideración a la decencia ni a la dignidad, no solo de su cargo sino de la respetabilidad que demanda la figura del Primer Mandatario.
Pero, ¿quién abusó de su poder? Es decir, ¿quién dio la orden? Como en el caso de los Falsos Positivos, es probable que nunca sepamos la respuesta.(¿o sí? «…no estarían cogiendo café», dijo el señor Uribe). Pero el incidente es muy dañino en el contexto social-político-económico en que se halla envuelta la nación, el cual se nos presenta hoy por hoy particularmente complejo, dadas las condiciones del momento:
- Un gobernante aborrecido por una élite que ha visto en él a un usurpador que se atrevió a disputarles lo que ellos desde siempre han creído como su derecho inalienable.
- Una oposición maniquea que está dispuesta a sacrificar el bienestar del país con el único propósito de demostrar que este gobierno fue un error, un traspié en el desenvolvimiento político nacional, que es necesario corregir a la mayor brevedad.
- Un pueblo que se arrojó en brazos de una serie de promesas de cambio, impulsado por lustros de abandono y cuatro años de desgobierno y torpeza y que hoy todavía aguarda a que se consoliden las transformaciones ofrecidas, con unas necesidades que no dan espera y con un creciente sentimiento de frustración, a medida que transcurren los meses y se va haciendo cada vez más evidente que mucho de lo prometido, simplemente no termina de materializarse.
- Unos medios de comunicación que, con honrosas excepciones, han conformado un contubernio rastrero y mendaz con esa clase minoritaria, opulenta, poderosa y corrupta y que se encuentran volcados hacia la tarea servil de hacerles los mandados a los enemigos del cambio.
- Y unas fuerzas armadas que, por disciplina de institución, cumplen con su deber constitucional, pero que miran al presidente con reserva, desconfianza y una soterrada animadversión.
Y es que hemos de hacer notar que, en medio de semejante panorama, el presidente no parece poder salir de su marasmo de prepotencia y arrogancia. Ante los graves hechos ocurridos, todavía no se observan las medidas que inevitablemente debe adoptar para conjurar la crisis y recuperar la credibilidad. Sarabia y Benedetti han sido removidos de sus cargos, pero nada más. Al parecer, se da por sentado que son las autoridades judiciales, lideradas por la fiscalía, quienes deben esclarecer los hechos y señalar a los culpables, cosas que están más bien lejos de ocurrir, habida cuenta del enfrentamiento entre Petro y Barbosa, constituido este último en adalid y estafeta de la extrema derecha, razón por la cual, sabemos que hará mucha alharaca, pero no intentará, realmente, resolver el entuerto.
Así las cosas, nos vemos hoy los colombianos enfrentados a una encrucijada confusa y no nos parece que las medidas para resolverla se estén dando, como cabría esperar. Analistas políticos muy respetables se han referido al caso con notoria preocupación. No es tan solo el abuso que se ha puesto en evidencia; tal desafuero no es nuevo entre nosotros, ya que, como ha quedado dicho, la experiencia nos muestra que gobiernos anteriores han cometido tropelías de diversos niveles de gravedad sin que sus autores hayan, hasta la fecha, tenido que responder por sus actos. Pero en un país tan desaforadamente corrupto como el nuestro, los señalamientos lanzados por un miembro del equipo de gobierno desatan las alarmas, ante la posibilidad de encontrarnos de nuevo inmersos en un contexto parecido al proceso 8000 o la Yidis política. Tal es lo que preocupa a los sesudos observadores del quehacer nacional. ¿Cuáles son esos “secretos” que Benedetti promete hacer públicos? ¿Tuvo lugar el ingreso de dineros “calientes” a la campaña de Gustavo Petro? ¿Se desconocieron en ella los topes económicos y éticos?
No parece haber respuesta para tan acuciosas preguntas. Claro que, por lo demás, nunca las ha habido tampoco en el pasado. Sin ir más lejos, ninguna entidad judicial se tomó el trabajo de investigar a fondo el caso de la llamada “ñeñe política”. Pero un gobierno tan enfrentado a las vacas sagradas de la nación, con enemigos tan poderosos que no han hecho otra cosa que buscarle el pierde a como dé lugar, se ubica en una muy incómoda posición frente al colombiano de a pie y ante la comunidad internacional, por cuenta de los rumores que se esparcen. No quiere ello significar que las acusaciones sean ciertas, pero la mentira muchas veces repetida siembra dudas en las gentes y le roba credibilidad al señalado. Esta es la consecuencia de esa posverdad, tan de moda en la actualidad y tan útil para alimentar y sostener oscuros propósito, como bien lo sabe hacer la oposición fundamentalista y retrógrada que funge hoy en el país.
Por otra parte, de sobra somos conscientes de la importancia de sacar adelante las reformas. Es urgente poner freno a esos traficantes de la miseria humana que se lucran con un sistema de salud precario e incierto, una relación laboral basada en contratos leoninos a través de los cuales los empleadores se benefician, al sacar provecho de los cientos de miles que necesitan un trabajo para llevar sustento a sus familias y un modelo pensional a todas luces insostenible y cuyo único logro ha sido enriquecer todavía más, si cabe, a un poderoso banquero. Y, por supuesto, con esa tradición elitista y excluyente con la que se ha manejado a Colombia en los últimos 200 años, muy iluso o muy mal informado tendría que haber estado el señor Petro para suponer que sus propósitos iban a lograrse sin una lucha denodada de quienes se han beneficiado desde siempre de tales condiciones injustas; razón por la cual, desde el comienzo debió tener en cuenta que las propuestas tenían que discutirse y, eventualmente, modificarse, considerando la contraofensiva que, si bien, de todas maneras iba a darse, hubiese podido minimizarse mediante el logro de acuerdos alrededor de los puntos más álgidos de cada proyecto.
Lo que no parece entender el señor Petro es que tanto su ascenso al solio presidencial como su gobierno conforman lo que podríamos llamar una singularidad, entendida esta como un fenómeno inusual que se genera a partir de una serie de circunstancias únicas y excepcionales y que tiene un carácter efímero y es muy difícilmente repetible. Razón por la cual es urgente que se esfuerce en aprovechar la coyuntura, depure su equipo de trabajo y esté preparado para los embates de la caverna, que no cesarán y que de una u otra forma buscarán la manera de hacerle daño, descalificarlo e impedirle gobernar, ya que tenemos claro que los cacaos del país, junto con sus serviles sicofantes, intentarán aprovechar al máximo la situación para desacreditarlo personalmente a él y a los intentos de su gobierno por inducir un cambio en la estructura social, política y económica. Ocultos en sus rastreros cubiles, continuarán planeando, fraguando y conspirando, con miras a una desestabilización total que les permita recuperar, acaso en el corto plazo, el control que perdieron. O por lo menos, con la intención de hacer crecer el desprestigio que les allane el camino a la retoma del poder, dentro de 3 años.
Acaso podría ser necesario que se lleve a cabo un urgente replanteamiento del esquema de gobierno. Que se establezca un contacto más estrecho con el equipo de colaboradores, que se los escuche (y no que se los “saque corriendo” cuandoquiera que difieren). Será importante que el señor presidente descienda de su pedestal de arrogancia y pedantería para que sus gobernados puedan realmente creer que él de verdad se siente “el sirviente del pueblo”. El camino seguido hasta aquí ha sido los suficientemente tortuoso como para no pensar que si los proyectos se hunden, se habrá perdido un tiempo valioso y las esperanzas de sus electores se irán desvaneciendo en esta lucha estéril contra quienes intentan, como dijera Lampedusa: “que todo cambie para que todo siga igual”.