El sistema judicial de  nuestro país es frecuentemente objeto de numerosos y variados comentarios, resultantes de diversas opiniones y puntos de vista que se generan cada vez que los ciudadanos comunes y corrientes asistimos, con pasmo creciente, a los acontecimientos que se suceden de manera reiterativa a nuestro alrededor y en los que la Justicia no es ni ciega ni imparcial y solo se impone, (eso sí, por la fuerza), en virtud del favorecimiento de intereses particulares. De esa forma, los poderosos, la clase opulenta, quienes desde épocas inmemoriales detentan el poder social, político y económico manipulan sin pudor los entresijos del sistema con el único propósito de que sirva para su beneficio personal.

Desde hace mucho tiempo hemos podido apreciar que la aplicación de la Ley y la sanción para sus transgresores no se cumple de manera equitativa y no nos ha quedado otro remedio que acostumbrarnos a contemplar impotentes la injusticia, el abuso de autoridad y, las más de las veces, una impunidad rampante que deja sin castigo a quienes violan olímpicamente las normas. El resultado de semejante contrasentido ha sido la entronización, a casi todos los niveles, de eso que ya todos interpretamos y entendemos como la “cultura del atajo”, que ha venido a constituirse en característica fundamental de nuestra idiosincrasia y que ha derivado en el hecho escueto de que solo nos atenemos al cumplimiento de lo dispuesto cuando nos hallamos sometidos a supervisión o vigilancia, pero estamos atentos a la distracción del agente de policía, al resquicio interpretativo de las leyes o a nuestros contactos cercanos con quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas, para eludir el deber de un cívico y civilizado comportamiento.

Por otra parte, en reiterativas ocasiones el individuo común y corriente se ve avasallado, por no decir atropellado, por un sistema inicuo que se aprovecha de su indefensión para abusar de él, siempre en beneficio de otros más poderosos, (entiéndase: más ricos y, por ende, con mejores conexiones). Y, a pesar de que tales vergonzosas situaciones son de público conocimiento, no pasa nada y no podemos menos que experimentar todos, un abrumador sentimiento de desprotección. Un ejemplo elocuente es el caso divulgado por el periodista Daniel Coronell en la revista Semana(*), referente un carpintero, cuya herramienta de trabajo fue “confiscada” por los escoltas de un señor magistrado quien, además, “dignificó” el procedimiento con su augusta presencia. (“confiscada” no es otra cosa que un  eufemismo que en realidad significa que el equipo fue abusiva y alevosamente sustraído de la posesión de su legítimo dueño mediante la intimidación, es decir, poca o ninguna diferencia con el atraco a mano armada, perpetrado por una pandilla de malvivientes en cualquier callejón oscuro). Nos abruma la estupefacción al saber que, luego de la denuncia instaurada por el afectado, este terminó condenado prisión, como resultado de los vericuetos leguleyos en los que el pro-hombre tuvo a bien envolverlo. Nunca antes, como en este dramático caso, había sido tan evidente la sentencia popular de que “la ley es para los de ruana”.

Por otra parte, una variada gama de responsables de diversos delitos, pero que son personajes de alguna manera conectados con las altas esferas del poder, o que disponen de abultadas cuentas bancarias que utilizan sin arredro para sobornar, manipular, embrollar expedientes y retrasar los procesos que cursan contra ellos, eluden la acción de la Justicia y se carcajean a mandíbula batiente de todos nosotros, mientras disfrutan una vida muelle en sus “mansiones por cárcel” o en naciones extranjeras a donde inexplicablemente han conseguido llegar.

Y es que la fuga del país de estos delincuentes no deja de constituir un motivo de asombro para todos. Incontestados interrogantes bullen en nuestras mentes sin que ninguna autoridad haga un mediano intento de proporcionar una respuesta o, por lo menos, alguna forma de explicación. ¿Cómo pudo ser posible que María del Pilar Hurtado saliera hacia Panamá sin que nuestras autoridades de migración se percataran? ¿Con qué haberes contó y qué tipo de actividad legítima alcanzó a desarrollar para proveer su manutención durante el tiempo que allí residió? ¿Le otorgaría alguna entidad pública o privada algún cargo que le diera la posibilidad de desempeñarse laboralmente? ¿Haciendo qué? ¿Sobre la base de qué criterio se le daría un contrato de trabajo a una persona evadida de un país amigo y cuya mayor habilidad fue la del espionaje ilegal? Hasta ahora es claro que el asilo concedido por el señor Martinelli, a la sazón presidente del vecino país, fue un despropósito legal que solo intentaba favorecer su amistad personal con el Ente Tutelar de esta señora, quien días antes le había aconsejado que huyera. Hoy, con una persona más honesta en la primera magistratura del Istmo, se ha revocado la figura, si bien se desconoce el paradero de la delincuente y resulta poco probable que las autoridades colombianas logren “echarle el guante”. De manera inconcebible, la Interpol se ha rehusado en dos oportunidades a imponer una condición de prófugo internacional a esta sindicada, aunque ha sido muy claro que los crímenes que se le imputan se encuentran en la condición de delitos comunes y que no existe ningún tipo de persecución política. En nuestra mente perpleja no cabe sino la suposición, absurda por demás, de que largos y muy activos son los tentáculos del Ente.

Este mismo poderoso señor exhortó la fuga de otro delincuente, Luis Carlos Restrepo, quien se fue a vivir muy campante a los Estados Unidos. Al parecer, durante algún tiempo, nadie tuvo noticia del paradero de este individuo, pero de manera reciente se ha divulgado que vive “en un pueblito gringo”. Su condición nos plantea los mismos interrogantes que el caso de la señora Hurtado y tampoco aquí conseguimos obtener una respuesta, ni tan siquiera una mera suposición medianamente satisfactoria. Por lo demás, no parece haber nada que las autoridades de nuestro país puedan hacer para obligarle a comparecer y responder por sus delitos.

Y ahora, Andrés Felipe Arias, sindicado de ser el artífice del famoso Agro Ingreso Seguro, ha logrado evadir a la Justicia al salir con su familia y todos sus “cachivaches” hacia la nación norteamericana. A pesar de su evidente y muy divulgada condición de sub judice, su nombre nunca llegó a figurar en ninguno de los sistemas de control migratorio, de manera que, al igual que cualquier ciudadano honesto, abordó un avión y se puso fuera del alcance de la Justicia colombiana. ¿Recibiría él también la muy conveniente y oportuna recomendación de fuga que se brindó a los dos delincuentes mencionados con anterioridad, ya que se hallaba, como ellos, bajo el ala protectora del Ente?

En resumen: delincuentes comunes pero de muy alta gama han huido hacia los Estados Unidos. No puede uno evitar preguntarse: ¿Y el Tratado de Extradición? Porque hemos podido apreciar que este compromiso binacional, suscrito con características supuestamente bilaterales, funciona de manera expedita, rauda y veloz, cuando se trata de trasladar sindicados hacia Norteamérica. Pero que se sepa, hasta la fecha no se ha dado el caso de que un ciudadano, ni estadounidense ni de ninguna otra nacionalidad haya sido entregado por esa nación a la Justicia colombiana. ¿Se habrán adoptado las disposiciones pertinentes para ello en el caso de Restrepo? Jamás se ha dicho nada al respecto. En el caso de Arias, dada la importancia mediática que han tenido su proceso y su evasión, tímidas y discretas porciones de información se han dado a conocer en el sentido de que “…se acudirá a vías diplomáticas…” para lograr que el evadido se presente a responder por los cargos que se le han imputado. ¿De verdad puede alguien llegar a creer que este individuo, voluntaria o forzosamente, abandonará su cómodo refugio (en California, según últimos datos),  para venir a cumplir con los 17 años de cárcel a los que fue sentenciado? No creo que pueda haber alguien tan ingenuo.

Así, de manera inclemente, asistimos al vergonzoso espectáculo de la impotencia de nuestro sistema judicial para castigar de manera ejemplar a quienes han defraudado la confianza que los ciudadanos les habían otorgado. Samuel e Iván Moreno se las han arreglado para interponer toda clase de recursos que han obstaculizado el rumbo regular de sus procesos. Enilce López, mejor conocida como La Gata, eludió la acción de la justicia con el pretexto de su condición de salud y hasta logró que se le permitiera regresar a la Costa, donde ha extendido su poder sin cortapisas. En una absurda determinación sin  precedentes se definió que el cohecho cometido cuando se aprobó la reelección presidencial fue delito por parte de quien percibió, pero no por parte de quien otorgó. De esa manera, Pretelt y Palacio no han recibido ningún tipo de sanción, mientras que sobre Medina se descargó todo el peso de la Ley.

Es, pues, apreciable, la paupérrima condición de nuestro esquema de aplicación de Justicia y la consecuente situación del ciudadano corriente. La delincuencia común campea a lo largo y ancho de nuestro territorio sin que las autoridades hallen los medios para protegernos y sin que siquiera se preocupen por buscarlos. La estructura jurídico-legal no constituye un sistema que garantice la igualdad ante el Estado ni la equidad del mismo, ya que individuos de los altos estratos tienen la firme convicción de estar muy por encima de la Ley (respecto a lo cual no parecen equivocarse, habida cuenta de lo que aquí se ha expuesto, entre otras cosas), razón por la cual cometen incontables trapisondas que se ven amparadas por un manto permanente de impunidad. Y, cuandoquiera que su truculento proceder no parece dar resultado, simple y llanamente abandonan el territorio nacional y marchan hacia otras latitudes a disfrutar de sus mal habidos beneficios. No les preocupa convertirse en prófugos de una Justicia en la que no creen, como no sea para que les sirva de instrumento en el logro de sus indecorosos objetivos. Ayer fue el tenebroso Plazas Acevedo, ex-comandante del infausto B-2, implicado en la muerte de Jaime Garzón; más luego fue un poderoso delincuente de cuello blanco, amigo personal del Ente de marras, quien de manera fraudulenta se apropió de un paquete accionario que no le correspondía, pero que hoy pontifica contra todo y contra todos con sus diatribas calenturientas; los flamantes responsables del caos de Interbolsa, para quienes no se avista a corto o mediano plazo una pronta acción de la Justicia; los más recientes evadidos, Restrepo, Hurtado y Arias….. y podríamos continuar la enumeración en forma poco menos que interminable. Son los prófugos nuestros de cada día que de manera constante nos están recordando las inmensas y catastróficas fisuras existentes en el seno de nuestra sociedad, mientras que los demás de nosotros, ordinarios hijos de vecino, nos debatimos en un cenagal de injusticia, desmadre moral, caos institucional y absoluta indefensión. Tan solo tenemos el paliativo de la inmensa gloria con que se han cubierto nuestros deportistas, cuyos merecidos triunfos nos sustraen breve y temporalmente de las enormes tribulaciones que nos aquejan. Es por eso que este marasmo ambivalente en el que escasas son las alegrías y múltiples las penurias, nos lleva a  exclamar, como lo hiciera Rafael Pombo en su “Hora de Tinieblas”:

                              “…en vano irónico cirio 

                             nos alumbra la razón,

                              entrevemos salvación,

                              de dicha y paz hay asomo,

                              mas ¡ah! los pies son de plomo

                              y es Tántalo el corazón.”

(*) “El Magistrado y el Carpintero”, por Daniel Coronell, Revista Semana, 30 de mayo de 2009.